4 de julio

1934 la Tragedia de Ránquil

Los sucesos trágicos ocurridos en el fundo de Ránquil, son una herida permanente en nuestra historia republicana del siglo XX. El número de muertos por los enfrentamientos armados entre fracciones de campesinos y carabineros ocurrida entre la última semana de junio y la primera de julio de 1934, se estima en más de un centenar de muertos, aunque otros antecedentes los elevan a más de trescientos.

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El origen de este conflicto agrario se remonta a décadas. Conocida como hijuela de Ránquil, este terreno desde 1881 formaba parte de un extenso latifundio denominado San Ignacio de Pemehue, de alrededor de 132.000 hectáreas. El conflicto comienza a escalar desde 1929, oportunidad en que Carlos Ibáñez del Campo dictó el decreto N°3.871 del 14 de agosto. En este decreto reconocía a la familia Puelma Castillo la propiedad de 139.362 hectáreas ubicadas en el Alto Bio-Bío, incluyendo 4.000 hectáreas de terrenos fiscales, que habían sido entregadas con anterioridad a familias de colonos.

Los campesinos, ante esta medida del ejecutivo reaccionaron organizándose en el Sindicato Agrícola de Lonquimay. Una delegación encabezada por su presidente, Juan Segundo Leiva Tapia, viajó a Santiago para intentar revertir esta medida. Como resultado se logró la derogación del decreto N°3.871 y también, que se dictara uno nuevo, el N°265, de 27 de marzo de 1931, que convertiría esta hijuela en la Colonia Agrícola de Ranquil.

Sin embargo, la caída de Ibáñez y la ascensión al poder de Arturo Alessandri Palma significaría el comienzo de la tragedia de Ránquil y del Alto Biobío. La nueva administración adoptó una política favorable a los intereses de los latifundistas y los hacendados Puelma y Bunster, quienes consiguieron a través de la acción de sus abogados que el gobierno volviera a revisar las medidas paliativas adoptadas por Ibáñez para descomprimir la situación en 1931.

El informe de la comisión nombrada por el Ministerio de la Propiedad Austral para investigar la validez de terrenos en la Provincia del Biobío tuvo como resultado los decretos de 1931 que favorecieron a los colonos con la entrega de 30.000 hectáreas de terrenos fiscales a los latifundistas. Esta acción legal del Ejecutivo fue la base para que los colonos, campesinos y mapuche fueran considerados ocupantes ilegales de los terrenos y fuera solicitado su desalojo definitivo.

Era difícil para los colonos y campesinos aceptar el abandonar las tierras que legítimamente consideraban suyas. El Sindicato de Lonquimay pretendió establecer alguna coordinación para la resistencia, pero el traslado a la zona de fuerzas armadas de carabineros, sumado al apoyo de la Guardia Civil de Lonquimay y milicias republicanas que respondía a las órdenes del gobierno, no pudieron ser contrarrestadas por los colonos.

Se produjeron enfrentamientos menores como el de Nitrito, pero el más recordado por su significado fue el acontecido en el Puente de Ránquil. En ese lugar a inicios de julio de 1934, se estima que alrededor de doscientos campesinos trataron de impedir el paso a las fuerzas uniformadas y de apoyo particular. Como resultado, aproximadamente un centenar de personas perecieron durante esa semana y un número indeterminado fue apresado.

En la ciudad de Victoria se formó un padrón con la identificación de 61 detenidos, los cuales fueron trasladados a la Cárcel Pública de Temuco. El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Franklin Quezada Rogers, desde mediados de julio y hasta octubre de 1934, fue el juez que llevó el proceso criminal contra los civiles y uniformados. En noviembre de ese año, el Juzgado Militar de Concepción se trasladó a Temuco a objeto de investigar las responsabilidades que les cabían a los carabineros involucrados, pero a finales de noviembre de ese año se dictó una Ley de Amnistía que los liberó de toda responsabilidad.

Por su parte, el Congreso Nacional también abordó los acontecimientos de Ránquil. La primera sesión de la Cámara de Diputados, destinada a evaluar las noticias que llegaban desde la zona, tuvo lugar el 10 de julio y resalta el desconocimiento acerca de las características de la zona como de los grupos involucrados en el conflicto. Tampoco el Congreso publicó los informes producidos por algunos diputados que viajaron a la zona para corroborar "in situ" la veracidad de los hechos.

La historiografía aún tiene tareas pendientes con los sucesos de Ránquil y del Alto Biobío. Las tergiversaciones abundan e impiden reconocer la profundidad de la tragedia y por lo mismo, las fuentes que se encuentran en el Archivo Nacional tan escasamente consultadas, se encuentran disponibles para ser analizadas por todos y todas quienes puedan contribuir a la memoria histórica local y nacional.

El fragmento documental que acompaña este texto procede del Fondo Ministerio de Bienes Nacionales del Archivo Nacional de la Administración y corresponde al informe de la comisión nombrada por el Ministerio de la Propiedad Austral para investigar la validez de terrenos en la Provincia del Biobío y una imagen de la recepción a los miembros de la comisión por parte.

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